La creciente preocupación por el fenómeno del cambio climático y la cada vez mayor sensibilización de los gobiernos y de la sociedad por la protección del medio ambiente abren un nuevo marco económico y de gestión medioambiental para las empresas, en general, y para determinados sectores industriales, en particular; entre ellos, el de las empresas energéticas.

Para estas últimas, ha aumentado el interés de los accionistas y de otros agentes financieros para conocer en detalle la estrategia de las empresas ante los nuevos retos y exigir unas reglas de buen gobierno que garanticen unas políticas sostenibles y un correcto comportamiento medioambiental.

Para adaptarse a la normativa y a las exigencias actuales, es necesario diseñar una estrategia medioambiental alrededor de tres grandes líneas de actuación: la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero según el Protocolo de Kyoto y la Directiva de Comercio de Emisiones; la implantación de un Sistema de Gestión Ambiental; y, finalmente, la búsqueda de la excelencia empresarial como factor diferenciador de mercado.

La finalidad última de estas medidas al sector energético tiene que consistir en mejorar la eficiencia de los procesos, tanto propios como de sus clientes, promoviendo el uso racional de un bien escaso como es la energía y, adicionalmente, reducir los factores de emisión de gases de efecto invernadero y otros contaminantes.

La estrategia de las empresas energéticas en relación con la reducción de emisiones tiene que consistir, fundamentalmente, en utilizar las mejores tecnologías disponibles para cada proceso. Esta idea se está materializando con una mayor presencia de centrales de ciclo combinado, junto con la incorporación de energías renovables a la cartera de generación eléctrica; con el aumento de la eficiencia energética de sus instalaciones más antiguas, promoviendo plantas de cogeneración y de generación eléctrica distribuida; y, por último, con el fomento de medidas de ahorro energético en edificios e instalaciones de nuevo diseño.

Además, aprovechando la característica multinacional de estas empresas, esta política los puede beneficiar si aprovechan los mecanismos de flexibilidad establecidos por el Protocolo de Kyoto, mediante los cuales, desarrollando soluciones energéticas de alta eficiencia en países en vías de desarrollo, pueden obtener derechos de emisión que reduzcan sus compromisos en el país de origen.

Una segunda línea de actuación ha de orientarse hacia el establecimiento de una política medioambiental y la implantación de un sistema de gestión medioambiental, que tienen que ser validados por la certificación de sus principales procesos según la ISO 14001 o el Reglamento EMAS.

Las políticas de gestión ambiental se tienen que dirigir a identificar, reducir y prevenir el impacto medioambiental derivado de las actividades que realizan las empresas energéticas, incorporando criterios medioambientales a sus procesos y transmitiéndolos a sus proveedores y clientes, para involucrarlos e impulsar una mejora continuada.

Por último, las empresas energéticas tienen que fijarse compromisos suficientes para lograr la excelencia empresarial, participando en diferentes iniciativas en las que se tengan en cuenta, no sólo los beneficios económicos y empresariales, sino también aspectos como por ejemplo la ética, la transparencia y la sostenibilidad.

Los actuales índice internacionales Dow Jones Sustainability Index (DJSI) y Footse for Good (FTSE4Good), por ejemplo, constituyen algunos de los instrumentos que permiten medir y evaluar los adelantos empresariales en materia de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa.

Por lo tanto, como conclusión, se podría destacar que la verificación del adecuado cumplimiento de los compromisos medioambientales adoptados por las empresas tiene que constituirse como un objetivo prioritario, particularmente en aquellas empresas energéticas que, por su actividad, pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente.

Únicamente con una estrategia de este tipo puede conseguirse un alto nivel de compromiso empresarial que conduzca a la excelencia y que haga que las empresas energéticas se impliquen con su entorno y sean percibidas como instrumentos al servicio de la sociedad que, a la vez, aportan valor a sus accionistas.