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De cambio climático
a clímax para el cambio. Así propugnaba
hace años una ONG el inexorable cambio en los
modelos de desarrollo, en los sistemas de producción
y de consumo, hoy obligado para mitigar en lo posible
el cambio climático. Es curiosa esta aparente
complicidad en los desafíos, que no es tal,
sino que está determinada por las interacciones
e impactos negativos que se van magnificando unos a
otros dentro de los insostenibles modelos de desarrollo
actuales.
Si, por un lado, está claro que deberíamos
cambiar (aunque no hubiera cambio climático)
el sistema energético actual basado en los combustibles
fósiles, debido tanto a su limitada disponibilidad
en el tiempo (con periodos sólo superiores a
los 80 años en el caso del carbón) como
a los impactos ambientales otros que el efecto invernadero;
también está claro que este cambio y
el más amplio relacionado con los sistemas de
producción y de consumo no llevaban camino de
materializarse hasta que todas las alarmas se han disparado
por el ya en marcha cambio climático y por las
prognosis de los costes ambientales y socioeconómicos
consiguientes.
Este clímax para el cambio que propicia el
desafío del cambio climático ha permitido
hablar incluso de una tercera Revolución Industrial,
y esta vez a nivel global y movida por el abandono
de los dos recursos que propiciaron las dos revoluciones
industriales anteriores: el carbón –base
de la primera revolución industrial– y
el petróleo –que propició la segunda.
Y,
si hay algo de esperanzador en este primer gran desafío global que supone el cambio climático,
es que por primera vez contamos con un paradigma: el
del desarrollo sostenible, al que podemos recurrir
para abordarlo de forma eficiente y mitigar en parte
significativa los impactos, si actuamos rápidamente,
siendo el tiempo y la envergadura del cambio los factores
determinantes.
En medio ambiente estamos acostumbrados
a que, cada vez que nos enfrentamos a un desafío ambiental
(de contaminación atmosférica, de aguas,
residuos…) y conseguimos algún éxito,
inmediatamente surgen nuevos desafíos, porque
no atajamos el origen de los mismos. Estos desafíos
normalmente están en los sistemas de producción
y consumo, en la insostenibildad de las políticas
económicas y sectoriales, de transporte, energía,
turismo, agricultura, urbanismo y ordenación
del territorio, y que no pueden sustraerse al hecho
de prosperar acompañándose de más
uso de recursos y degradación ambiental.
El secreto
es simple y se conoce como ecoeficiencia, o progresar
en calidad de vida con menor uso de recursos
y degradación ambiental. Esto es lo que es lo
que se conoce como desarrollo sostenible.
Y el corolario
es bien sencillo: se trata de conseguir mejoras ambientales
y, en el caso del cambio climático,
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
(EGEI). Esto debe realizarse no sólo como objetivo
en sí mismo, sino sobre todo como resultado
de un cambio en el modelo de desarrollo, de un desarrollo
más sostenible, con políticas económicas
y sectoriales guiadas por la ecoeficiencia y la suficiencia,
ya que se trata de conseguir más con menos,
o incluso con bastante menos. Esto es lo que se ha
dado en llamar “factor cuatro” (doble calidad
de vida con la mitad de recursos) o hasta “factor
diez” (por ejemplo, en el caso de las EGEI, duplicar
el desarrollo con la quinta parte de las emisiones,
que es lo que tendrán que hacer los países
desarrollados para finales de este siglo).
Y lo curioso
es que esto no sólo es posible,
sino que, además, es deseable y saludable, incluso
en términos económicos. No se trata de
menor desarrollo, sino diferente y más perdurable
en el tiempo, primando la innovación, o tecnología “a
tope”, o la ecoinnovación (o innovación
dirigida por la ecoeficiencia). Esto implica ventajas
competitivas in crescendo, según aumentan los
costes de las materias primas, de los combustibles
y carburantes y los costes ambientales asociados.
Un
ejemplo palpable son las ventajas obtenidas por los
países de la Unión Europea respecto
a Estados Unidos (que consume hasta un 70% más
de energía que la UE por cada unidad de PIB)
tanto en eficiencia energética, como en el desarrollo
de tecnologías de generación de energías
de fuentes renovables (EFR), con España como
uno de los países en cabeza.
Hasta un semanario
reconocidamente neoliberal como “The
Economist” ha llegado a loar las ventajas competitivas
de la UE por haberse obligado con el protocolo de Kioto
y, consecuentemente, haber entrado en una senda energética
más sostenible (aunque no suficiente). De aquí que
cada vez más estados y empresas dentro de EE.UU.
pretendan obligarse en la reducción de EGEI,
y no sólo por solidaridad global.
Un desarrollo,
una energía y un transporte
más sostenibles son, al mismo tiempo, más
innovadores y competitivos, además de más
saludables, social, ambiental y económicamente.
En
España, en Cataluña y en Barcelona
estamos viviendo en estos momento (quizás propiciado
por la conjunción reciente de informes científicos
y económicos y de algunos “shows” mediáticos
sobre el cambio climático) una mayor disposición,
incluso un cierto “clímax” para
el cambio, por parte de los agentes sociales y económicos,
y del consumidor y ciudadano en general. Y ello pese
a un panorama bastante crispado políticamente,
sobre todo a nivel nacional, donde lo urgente parece
marginar a lo importante.
Habría que aprovechar “a tope” tal
disposición para introducir los cambios necesarios
y significativos, aunque progresivos, sobre todo en
la fiscalidad y en las señales de precios, para
que el mercado trabajase para la sostenibilidad y la
competitividad, y no lo contrario (los precios de la
energía eléctrica han decrecido continuamente
en la última década en términos
reales y no cubren ni siquiera los costes de generación,
y aun menos las externalidades ambientales), y explicar
a la ciudadanía lo saludable de la medida en
términos ambientales, sociales y económicos.
A
la vista de los datos del periodo 1990-2004, muchos
pensábamos que no iba a ser fácil llegar
a un punto de inflexión o reducir los incrementos
por debajo del PIB en el creciente y dislocado consumo
de energía primaria (y, consecuentemente de,
EGEI) en España y sobre todo en el transporte.
Y mucho menos que se llegarían a invertir las
tendencias de crecimiento y conseguir consumos decrecientes
en términos absolutos, pese a los Planes de
Ahorro y Eficiencia Energética. Por eso, muchos
hemos sido los sorprendidos por el hecho de que esto
se haya producido, por primera vez en décadas,
al final del 2006.
Los datos consolidados más recientes para el
tercer trimestre (boletín del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio) de 2007 muestran que
el consumo de energía final bajó en su
totalidad (-0,6%), en el acumulado del 2006 (-1,3 %)
y en el de los 12 últimos meses (-0,9 %). Y
esto pese a la subida preocupante del consumo de electricidad
(6,5% en el trimestre y 4% en los 12 últimos
meses) y del gasóleo (2,2%), todos compensados
por la bajada significativa de las gasolinas (-5,8%
en el trimestre y -5,4 en los 12 meses). Lo curioso
es que esta reducción en el consumo energético
del transporte la viene registrando ya desde el 2004 “El
Comptador “, que publica la Agencia de Energía
de Barcelona.
¿Quién dijo que la demanda de carburantes
era inelástica? La primera interpretación
de lo acaecido en el 2006 es que ciertamente empezamos
a responder a los incrementos de precios de los carburantes,
hasta ahora asociados fundamentalmente a los aumentos
que se han producido –especialmente, en los tres últimos
años– en los precios del crudo.
¿Qué ocurriría si se pagara el
precio justo por ellos? Estos precios justos podrían
suponer duplicar el precio, ya que para poder cubrir
las externalidades, que a nivel europeo representan
hasta un 8% del PIB (mientras que la carga fiscal que
soportan actualmente no pasa del 2,5% del PIB) habría
que multiplicar hasta por tres la carga fiscal.
Porque
no contrastar este “clímax” social –y
hasta económico– para el cambio, para
enviar las correctas señales de mercado y así,
de una vez, racionalizar y arrumbar la demanda energética;
en particular, en lo referente a electricidad y carburantes,
tanto para reducir su consumo y aumentar la ecoeficiencia
de la economía española, como para trasvasar
recursos y colocar en pie de igualdad la energías
renovables.
No olvidemos que estos déficit, en particular
los de la tarifa eléctrica, acabamos pagándolos
todos los españoles por la vía presupuestaria,
en lugar de pagarlos los que abusan (o abusamos) del
consumo.
No habrá mas sostenibilidad sin mejor fiscalidad,
lo que no significa más fiscalidad en general,
sino gravar lo que es gravoso para la sociedad –como
en este caso la energía– y desgravar aquello
que se quiere incentivar –como el empleo o las
PYMES. Y, desde luego, será difícil que
transformemos en oportunidad el desafío del
cambio climático, sin recurrir a intervenciones
en el mercado que orienten los modelos de producción
y consumo.
¿Nos atreveremos a tocar la fiscalidad en
el panorama político actual? La timorata subida
de la electricidad para el año en curso muestra
que muchos siguen pensando que el coste político
es alto. La respuesta la encontraremos, en parte, en
la Estrategia para el Cambio Climático y la
Energía Limpia en ciernes. Esta será,
sin duda, la señal más importante de
que en la sociedad hay un verdadero “clímax” para
el cambio. El resto es retórica.
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