A pesar de la voluntad y la conciencia, cada día más extendida, de la necesidad de aumentar el papel de las energías renovables en la producción eléctrica y energética en general, la concreción de este tipo de proyectos choca a menudo con grandes resistencias en el seno de la misma sociedad. El ejemplo más claro lo podríamos encontrar en el caso de la energía eólica, que debe hacer frente muchas veces a un gran rechazo social.

Pese a los obstáculos que aún hoy en día entorpecen la participación de la ciudadanía en proyectos de producción y distribución de energías renovables (como el acceso a la información y al conocimiento especializado, o el acceso al mercado y a la financiación), la participación ciudadana en este tipo de proyectos puede presentar numerosas ventajas desde el punto de vista social, ambiental y económico.

Con respecto al aspecto social, la implicación ciudadana puede ayudar a incrementar la concienciación de la población hacia el desarrollo sostenible a través de la comunicación, la información, el diálogo y la aceptación de las energías renovables. Permite, asimismo, la resolución rápida de los conflictos gracias a la interlocución directa con la comunidad, y potencia la democracia y la participación de la ciudadanía en su entorno ambiental más inmediato.

Desde el punto de vista energético, estos proyectos incrementan la capacidad instalada de las fuentes renovables en tanto que aumentan el número de actores que ejecutan este tipo de proyectos; se promueven tecnologías eficientes y económicas; y se mejora la eficiencia de las instalaciones al reducirse las pérdidas de transmisión por la red eléctrica.

Económicamente, estos programas pueden aportar beneficios a la comunidad por la contratación de empresas locales para el desarrollo y el mantenimiento de las instalaciones y por el retorno de beneficios a los inversores locales. También pueden ayudar a las administraciones locales y a los ciudadanos a gestionar los costes energéticos y a reducir la producción de emisiones perjudiciales para el medio ambiente.

A pesar de los obstáculos mencionados anteriormente, también podemos encontrar numerosos casos en los que la comunidad se convierte en un elemento clave para el éxito del proyecto, sea porque la iniciativa sale de esta, o por su apoyo o participación en algún momento de ejecución o funcionamiento del proyecto. La ciudadanía puede participar como promotores de las iniciativas de producción y/o comercialización de energías renovables; como propietarios de empresas generadoras o distribuidoras organizadas con estructuras participativas; o como accionistas de los proyectos.

Pero antes de analizar casos concretos, debe tenerse en cuenta que cada país y sociedad tiene un contexto legal, económico y cultural diferente que influye en el desarrollo de los proyectos comunitarios en energías renovables.

La situación de las energías renovables en Europa no es homogénea. Esta situación difiere considerablemente entre países, tanto con respecto a los niveles de consumo energético como a las fuentes de energía empleadas y por las diversas políticas energéticas y ambientales.

En un primero momento se podría pensar que las diferencias en el estado de las energías renovables en Europa responden, principalmente, a los recursos naturales de que cada país dispone. No obstante, la realidad nos demuestra que esto no es así. En Alemania, por ejemplo, la capacidad de energía eólica instalada es mucho mayor que en el Reino Unido o en Francia a pesar de tener unos recursos naturales menores. De igual forma, Austria dispone de una mayor superficie de captadores solares térmicos por cápita que países del sur de Europa (como España o Italia) con un potencial solar más elevado.

Por lo tanto, las razones para la expansión del aprovechamiento de las energías renovables no deben buscarse tanto en los recursos naturales disponibles como en el marco político y legal de cada país, a través del cual se incentivan las energías renovables y su viabilidad económica. Igualmente importante es la concienciación ciudadana hacia el medio ambiente y la existencia de capital humano para impulsar los proyectos de energías renovables y el uso de este tipo de energía.

El caso de Schönau, una localidad del sur de Alemania, es un ejemplo de como una comunidad local puede convertirse en generadora y comercialitzadora de energía. Tras el accidente nuclear de Chernóbil, un grupo de padres, alarmados por las consecuencias del actual modelo energético, crearon, el 1986, la asociación “Padres por un futuro sin nucleares”, una entidad que se constituyó con el objetivo de fomentar el ahorro energético en la comunidad y que condujo a la formación, en 1990, de una empresa destinada a financiar e instalar pequeñas estaciones energéticas descentralizadas.

Ahora bien, a lo largo de esta experiencia, los miembros de la asociación se encontraron con graves inconvenientes: por un lado, el marco legislativo no favorecía el ahorro energético, ya que la tarifa eléctrica, lejos de ser lineal, estaba formada por intervalos que iban disminuyendo de coste a medida que el consumo energético aumentaba. Asimismo, la viabilidad de las estaciones energéticas descentralizadas se veía dificultada por el hecho de que la empresa suministradora pagaba una tarifa muy baja por la compra de la energía generada en estas instalaciones.

Ante esta situación, la asociación “Padres por un futuro sin nucleares”, con el apoyo de otras personas, decidió crear la asociación Compra la Red y la Empresa Eléctrica Schönau (EWS), concebida como una empresa energética de segunda generación (una empresa de servicios energéticos, y no de venta de energía). El objetivo de estas dos nuevas entidades era la de comprar la red de distribución energética local y establecer una política energética propia que permitiera y fomentara la eficiencia y el ahorro energético, así como las fuentes energéticas renovables descentralizadas. Estos objetivos comportaron que la asociación tuviera que luchar contra la empresa distribuidora y contra el propio Ayuntamiento, que quería renovarle el contrato de suministro.

Finalmente, y gracias a un referéndum popular, la EWS obtuvo la concesión de la distribución energética durante los próximos 20 años, y pudo aplicar las reformas necesarias para conseguir sus objetivos: el establecimiento de una tarifa lineal para premiar el ahorro energético; la compra de electricidad con criterios de exclusión que eviten la producción nuclear o con combustibles fósiles; la promoción de otros proyectos de producción eléctrica con energías renovables; y la financiación de proyectos de ahorro y eficiencia energética.

El éxito de esta experiencia ha aportado ventajas ecológicas y socioeconómicas a toda la región, ya que el EWS se ha convertido en el principal agente económico del programa de Electricidad Regional, que fomenta la creación de pequeñas centrales térmicas de biogas y ofrece una segunda fuente de ingresos para agricultores, que se convierten en pequeños productores de energía en sus explotaciones.